En el actual contexto político, con la derecha en el gobierno, los derechos de las mujeres no sólo se ven severamente amenazados sino que van en franco retroceso. En efecto, las políticas que promueve la actual administración han puesto el énfasis en la afirmación de los roles más tradicionales para las mujeres: la familia y la maternidad en primer orden como lugar de destino, al cual las mujeres debieran subordinar cualquier otro proyecto de vida.
Los pronunciamientos y anuncios programáticos del gobierno, no sólo a través del Sernam, sino también de otras instituciones, muestran ignorancia acerca de los avances en derechos humanos establecidos internacionalmente en un sinnúmero de tratados y convenciones de los cuales el Estado chileno es parte. Hoy es mundialmente reconocido que la violencia contra las mujeres es un grave problema social y constituye una violación a sus derechos humanos, cuyo origen principal se encuentra en las desiguales relaciones de poder entre hombres y mujeres. Estos logros de las mujeres a nivel internacional parecieran querer ser borrados de una plumada en las ‘célebres’ palabras de la actual ministra de Sernam ‘la guerra de los sexos ha terminado’, pronunciadas simbólicamente y con desparpajo en el día del padre. Reducir la discriminación que vivimos las mujeres a una ‘guerra’ no permite distinguir que se trata de un asunto de derechos y garantías fundamentales que toda democracia debe otorgar a las personas, y que las mujeres hemos hecho una larga trayectoria para identificarlos y situarlos como tales.
Este gobierno desconoce que las personas cuyos derechos humanos han sido violados, sometidas a tratos crueles y degradantes, no pueden ser atendidas ni reparadas en su dignidad junto a su victimario; y parece considerar la violencia contra las mujeres como un asunto de menor importancia cuando promueve la implementación de atención sicológica de los agresores en las mismas instalaciones en que se atiende a las mujeres que viven violencia, cuestión que se implementaría a partir de septiembre como parte del Programa “Chile Acoge”. El abordaje de la violencia contra las mujeres y el tratamiento a las víctimas debe considerar elementos éticos sustantivos entre los cuales cabe mencionar, en primer lugar, que se trata de una infracción criminal, y que las acciones que se emprendan no deben generar revictimización por parte de aquellos que pretenden apoyar a las mujeres que viven violencia -como señala la Organización Panamericana de la Salud.
Los programas del gobierno de Piñera orientados a las mujeres se instalan sobre la base del reforzamiento del rol de cuidadoras de los otros, sostenedoras materiales y emocionales de la familia y la comunidad para las mujeres, a costa de su propio bienestar y sin que ello signifique mejorar su participación en la toma de decisiones y en el acceso a la propiedad de bienes que contribuyan a su autonomía. El llamado a las mujeres a ‘levantar Chile’ en los programas de reconstrucción post terremoto y la creación de la comisión ‘Mujer, trabajo y maternidad’ así lo muestran. Los derechos relativos al control de nuestros cuerpos, al disfrute de la sexualidad, a la elección de una orientación sexual distinta y a una maternidad voluntaria seguirán vetados en este gobierno. La Sra. Schmidt solicitó expresamente que no se mencionen los derechos sexuales y reproductivos en la declaración de Consenso de la XI Conferencia Regional de la CEPAL recientemente celebrada en Brasil, mientras la Sra. Ossandón, vicepresidenta ejecutiva de la Junji, reforzaba - entre vírgenes y rosarios- prejuicios clasistas y discriminatorios hacia las mujeres.
La violencia contra las mujeres tiene una dimensión institucional. La discriminación, explotación y abuso que sufren las mujeres mapuche a manos de las fuerzas militares y de orden, de los empresarios, y de los dispositivos de poder del Estado, es ejemplo de ello. Las mujeres mapuche deben soportar el asedio en sus casas, el hostigamiento hacia sus hijos e hijas y la invisibilización de la violencia que las afecta como mujeres.
El movimiento de mujeres ha transitado un difícil camino para visibilizar la violencia contra las mujeres en sus dimensiones social y política. En 1994, la primera legislación redujo la violencia contra las mujeres al espacio doméstico, y subvaloró sus consecuencias calificándola como una simple falta. Hoy sabemos que esta violencia específica puede terminar en muerte.
El femicidio, es el resultado extremo del continuo de violencia contra las mujeres, en lo privado y/o en lo público. A pesar de las resistencias que han manifestado algunos sectores políticos para tipificarlo como delito, próximamente se votará en el congreso la ley que lo sanciona. Esto es un logro de las mujeres organizadas, que rompe la neutralidad del concepto ‘violencia intrafamiliar’ e identifica que son mujeres las asesinadas, aún cuando el proyecto de ley es insuficiente en tanto no considera los asesinatos perpetrados por novios, pololos, o desconocidos que agreden sexualmente a las mujeres y las matan.
La violencia contra las mujeres existe porque nuestra sociedad lo permite e incluso la considera normal. Llamamos a las mujeres a no tolerar la violencia en ninguna de sus formas, a no tolerar la impunidad de los agresores, a exigir justicia, y a solidarizar con otras mujeres cuando son violentadas. Esa es nuestra fuerza.
Mujer, si te agreden ¡RESPONDE!
¡El silencio es cómplice!
Arica Septiembre de 2010
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